
Redacción ENE /
El estado de Hidalgo alcanzó un cumplimiento superior al 99 por ciento en la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 2026, consolidando por cuarto año consecutivo uno de los niveles más altos de cumplimiento entre las personas servidoras públicas obligadas a rendir cuentas.
De acuerdo con datos oficiales, más de 106 mil trabajadores del servicio público estatal y municipal realizaron este trámite dentro del plazo establecido, como parte de las acciones impulsadas por la actual administración para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción.
La estrategia, encabezada por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Contraloría, busca consolidar mecanismos de vigilancia y control que permitan garantizar un ejercicio público más transparente y cercano a la ciudadanía.
Las autoridades destacaron que la declaración patrimonial representa una herramienta fundamental para supervisar la evolución patrimonial de quienes desempeñan funciones públicas, además de prevenir posibles conflictos de interés y fortalecer la confianza en las instituciones.
En el ámbito municipal también se reportaron altos niveles de cumplimiento, con ayuntamientos que alcanzaron el 100 por ciento en la entrega de declaraciones, mientras que municipios con mayor número de trabajadores, como Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca, registraron avances superiores al 90 por ciento.
En el Poder Ejecutivo estatal, la mayoría de dependencias y organismos cumplieron prácticamente en su totalidad con esta obligación legal, reflejando el seguimiento implementado durante la presente administración.
La Secretaría de Contraloría informó que una vez concluido el plazo legal comenzará la revisión de los casos de incumplimiento, así como la notificación a las instituciones correspondientes para iniciar los procedimientos administrativos establecidos en la ley.
Las autoridades recordaron que omitir la presentación de la declaración patrimonial puede derivar en sanciones administrativas que van desde amonestaciones y suspensiones hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Como parte de las acciones de vigilancia implementadas en Hidalgo, en los últimos años cientos de servidores públicos han sido sancionados por incumplir con esta obligación en sus modalidades de inicio, modificación o conclusión.
El gobierno estatal sostuvo que la rendición de cuentas y la transparencia forman parte de una política permanente orientada a fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
