Redacción ENE /
Una investigación financiera coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó un presunto esquema de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos —físicos y virtuales— y que habría utilizado flujos en efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales para ocultar el origen de recursos. Como resultado, las autoridades bloquearon cuentas bancarias, suspendieron temporalmente negocios y presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación. 
Según el comunicado oficial, las casas de apuestas investigadas operaban en al menos ocho entidades —entre ellas Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México— y habrían realizado “operaciones inusuales” por montos de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias a empresas financieras en Estados Unidos y países de Europa. Las sociedades fueron catalogadas como de “alto riesgo financiero” y listadas como personas morales bloqueadas para proteger el sistema. 
En la conferencia presidencial, la titular del Ejecutivo subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continuará las pesquisas en coordinación con el Gabinete de Seguridad y unidades homólogas en el extranjero para seguir el rastro del dinero y desarticular posibles vínculos con la delincuencia organizada. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que la SSPC y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana —incluyendo modelos predictivos basados en inteligencia artificial— para identificar tipologías nuevas y prevenir daños al sistema financiero. 
La Procuraduría Fiscal de la Federación describió el presunto modus operandi en seis pasos: robo o usurpación de identidades (a menudo de perfiles vulnerables como estudiantes o jubilados); envío de tarjetas prepagadas o códigos con fondos de origen incierto; apuestas en casinos físicos o en línea; simulación de ganancias que son transferidas al extranjero; reciclaje de esos recursos hacia paraísos fiscales o nuevas operaciones; y la repetición masiva del ciclo hasta blanquear el dinero. Con base en estos hallazgos, la UIF formuló denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la SHCP remitió los indicios a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y omisiones tributarias. 
Las medidas adoptadas incluyen la suspensión temporal de operaciones en los establecimientos físicos que incumplían la ley, el bloqueo de páginas de casinos virtuales y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a las operaciones detectadas. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que, si se acreditan delitos, podrían derivar en acciones penales y sanciones administrativas adicionales.
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