
Redacción ENE /
La Secretaría de Gobierno de Hidalgo exhortó a los ayuntamientos de la entidad a abstenerse de transmitir de manera pública los encuentros de la Copa Mundial de Futbol 2026 sin contar previamente con las licencias y permisos correspondientes, debido a las posibles sanciones económicas derivadas del uso no autorizado de señales protegidas por derechos de autor.
La recomendación surgió luego de que diversos municipios analizaran la posibilidad de instalar pantallas en plazas públicas para que la ciudadanía pudiera seguir la ceremonia inaugural y los encuentros de la Selección Mexicana. Sin embargo, varios de estos proyectos fueron suspendidos ante el riesgo de incurrir en infracciones legales.
De acuerdo con la normativa federal en materia de derechos de autor y propiedad industrial, la reproducción o retransmisión pública de contenidos protegidos sin autorización puede derivar en multas que van desde cientos de miles hasta varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.
Autoridades estatales señalaron que cualquier evento masivo que contemple la exhibición de partidos debe cumplir con los requisitos establecidos por los titulares de los derechos de transmisión, así como con las disposiciones legales aplicables para evitar procedimientos administrativos o sanciones económicas.

Por otra parte, la Secretaría de Turismo de Hidalgo dio a conocer distintas opciones para la contratación legal de señal y producción de eventos relacionados con el Mundial 2026. Los paquetes contemplan servicios como pantallas, audio, iluminación, publicidad y asistencia operativa, con costos que varían según el número de asistentes y las características de la instalación.
Las estimaciones presentadas muestran que la organización de transmisiones públicas autorizadas puede representar inversiones significativas para los municipios, particularmente en eventos de gran afluencia, por lo que las autoridades recomendaron evaluar la viabilidad financiera y jurídica antes de anunciar este tipo de actividades.
El llamado oficial busca evitar afectaciones económicas a las administraciones municipales y garantizar que cualquier actividad relacionada con la máxima justa futbolística se realice conforme al marco legal vigente.
